El gran despropósito de la tasa Google

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¿Qué hubiera pasado si el primer hombre que descubrió el fuego le hubiese puesto royalties a su conocimiento? ¿O el primer hombre que descubrió la agricultura? ¿O el que descubrió la rueda? El conocimiento que adquiere el ser humano le pertenece a toda la humanidad. Por otro lado, ¿es justo que alguien dedique años de su vida a escribir un libro, y que al publicarlo alguien lo copie en pdf y lo ponga a la venta en una web?

Entre estos dos difusos umbrales se mueve la ley de propiedad intelectual, cuya última reforma se aprobó por el Senado el pasado octubre, y que entrará en vigor el 1 de enero próximo. Una de las enmiendas a esta ley, impacta bajo la línea de flotación del funcionamiento de la red. El artículo dice así:

Artículo 32. Citas y reseñas e ilustración con fines educativos o de investigación científica.
2. La puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos de fragmentos no significativos de contenidos, divulgados en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica y que tengan una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento, no requerirá autorización, sin perjuicio del derecho del editor o, en su caso, de otros titulares de derechos a percibir una compensación equitativa. Este derecho será irrenunciable y se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual. En cualquier caso, la puesta a disposición del público por terceros de cualquier imagen, obra fotográfica o mera fotografía divulgada en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica estará sujeta a autorización.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios que faciliten instrumentos de búsqueda de palabras aisladas incluidas en los contenidos referidos en el párrafo anterior no estará sujeta a autorización ni compensación equitativa siempre que tal puesta a disposición del público se produzca sin finalidad comercial propia y se realice estrictamente circunscrita a lo imprescindible para ofrecer resultados de búsqueda en respuesta a consultas previamente formuladas por un usuario al buscador y siempre que la puesta a disposición del público incluya un enlace a la página de origen de los contenidos.

Estas líneas han provocado ya el cierre de Google News España, y amenaza con el de otros agregadores de noticias como Menéame. Pese a estar dentro del marco de una ley de propiedad intelectual, esta medida es puramente recaudatoria, facilitada por el gobierno a los grandes medios españoles, para de esta manera obtener un trato de favor en este año de elecciones que se prevé complicado.  Los grandes periódicos tienen problemas de financiación. Se venden cada vez menos periódicos y los ingresos por publicidad también están bajando.

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Las ediciones digitales de estos periódicos tampoco cuadran sus cuentas. Los medios tienen que amortizar sus inversiones, pagar a sus empleados y a las agencias de noticias, y no logran recuperarse de sus costes en un escenario de crisis. Adicionalmente tienen que afrontar un cambio de paradigma debido a los nuevos hábitos de los consumidores, que cada vez hacen mayor uso de los medios digitales. Y aquí es donde radica el problema. Estos medios, poco dinámicos y con muchos sobrecostes, no pueden competir con otros medios de internet que tienen mucha menos infraestructura y muchos menos directivos con coche de empresa. Y en este duro panorama, los grandes editores le echan la culpa a los directorios de noticias, que hasta ahora habían sido una bendición ya que les enviaban clientes, pero ahora son malvados, porque se los envían en igual medida que a sus competidores de perfil bajo.

Contribuye a empeorar las cosas la diferencia de remuneración de la publicidad en los medios digitales, en comparación con el coste de la publicidad en la prensa escrita. Por ejemplo, un anuncio de media página en el diario Expansión, con una audiencia de 170.000 espectadores se paga a casi 7.000€, mientras que este blog, con 300.000 páginas vistas de media al mes saca en publicidad para pagar el hosting y una cena para 4 en el McDonalds.

Para satisfacer estas peticiones de los grandes editores, el gobierno del PP propuso una reforma de ley a principios de año, en la que concedía la obligatoriedad del pago por enlazar contenidos en los agregadores de noticias. Pero lo ha hecho de una manera tan estrafalaria e incompetente que la ley es completamente ambigua e interpretable. Y eso es lo peor que puede tener una ley: que sea interpretable. Leyendo el texto del artículo 32.2 que incluyo más arriba, nadie puede afirmar con rotundidad quien tiene que pagar por enlazar, cuanto tiene que paga y a quién tiene que pagarselo. En su interpretación más libre, cualquier blog o página web puede ser candidata a ser cargada con esta tasa por incluir un enlace o imagen, no solo de los medios suscritos a CEDRO, sino de cualquier otro medio, debido a la irrenunciabilidad de este derecho. Es decir, aunque yo, que publico bajo licencia Creative Commons, renuncio expresamente a cobrar derechos de autor por lo que escribo, si alguien enlaza a una de mis entradas, AEDE podría cobrarle por enlazarme, y, agarraros a la silla, repartir ese dinero entre los medios asociados a CEDRO en vez de dármelo a mi. El criterio de reparto de ese dinero tampoco está claro. La rumorología dice que se le dará más dinero a los medios que más pierden. Es decir, se premiaría a la incompetencia.

Las consecuencias de esta reforma de ley pueden ser imprevisibles. La primera es el posible cierre de empresas como Menéame, o su traslado a otro país. Algo que por otra parte es tan sencillo como abrir una sesión de FTP y transferir todos los ficheros a un hosting en Estados Unidos, y la obtención de un  CIF de aquel país. Otra consecuencia es la de actuar como barrera de entrada a nuevas iniciativas tecnológicas que ahora no se ubicarán en nuestro país, dejando de pagar impuestos a nuestra Hacienda. Otra, es la pérdida de posicionamiento de estos medios en los buscadores, causada por la pérdida de muchos enlaces que los referencian, provocando una reducción muy significativa en el número de visitas y su consiguiente reducción de ingresos. Otra, y no menos grave, es el aumento del plagio en detrimento de la cita. En internet es de buena educación incluir las referencias de la información utilizada para escribir artículos. Esto podría perderse.

Nuestros gobernantes son a veces tan estúpidos, que no son capaces de prever dos movimientos por adelantado en respuesta a sus acciones. Es imposible ponerle puertas al campo. Al igual que se eludió en el pasado el pago del canon sobre los CDs comprándolos en internet en las tiendas portuguesas, o se palió el cierre de Megaupload con el resurgir de los torrent, la red superará este varapalo que ataca contra su propia esencia: el enlace.

Lo que tendrían que hacer las empresas ante este cambio de paradigma que está suponiendo Internet y la globalización, es adaptarse a las nuevas reglas del juego y aportar valor, en vez de resistirse al cambio. Ya lo ha hecho la industria discográfica, la primera que lo sufrió. Las descargas de música están en claro descenso en favor de los nuevos servicios de streaming. Una suscripción premiun a Spotify cuesta al año 120€, que es seguramente más de lo que un usuario medio se gastaba en CDs hace 20 años, pero que ahora se paga con gusto ya que se dispone al momento de toda la música que se desee.

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El cine también lo está haciendo, con el auge de las películas 3D. También la industria de los videojuegos, aliándose con las posibilidades que ofrece la red en jugabilidad en grupo, con modelos como Club Penguin, con cuotas mensuales y novedades periódicas. La prensa tendrá que reinventarse también, y lo hará. Esta ley solo es un estorbo inútil que durará poco.


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